Prostitución y trata de personas

El secuestro de mujeres para ser prostituidas configura un delito aberrante que tiene un duro impacto en nuestro país.

A veces se trata de menores de edad que desaparecen; en otros casos de mujeres mayores, pero siempre la modalidad se repite: sea por engaño o directamente por la fuerza, se las termina encerrando y se las fuerza a prostituirse. Hace poco tiempo, la Policía de Entre Ríos rescató a 29 adolescentes de la provincia de Misiones que estaban siendo prostituidas, lo cual da idea de la magnitud de este delito.

El secuestro y el comercio de mujeres es obra de bandas organizadas, que en general actúan en diversas provincias y que hasta llegan a estar en contacto con pares del exterior.

No debe olvidarse que la trata de personas es el tercer negocio más redituable del mundo, detrás del tráfico de drogas y el de armas. En la Argentina, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en este negocio participan directa o indirectamente medio millón de personas.

Nuestro país carece de herramientas legales apropiadas para enfrentar esta realidad, a pesar de que hace tres años asumió el compromiso de sancionar una ley específica sobre trata de personas, al ratificar la Convención de la ONU contra el Crimen Transnacional Organizado.

Con fuerzas policiales y sistemas de control afectados por la corrupción, las mafias que concretan estos delitos suelen actuar con impunidad y pasar de una jurisdicción a otra.

Ante esto, entonces, se requiere de un marco legal adecuado y funcionarios judiciales, policiales y municipales competentes y honestos.